A propósito del decreto 721/2016: autonomía y poder político a las fuerzas armadas

La nueva derogación del decreto 721/84, sancionado por el ex presidente Raúl Alfonsín un año después de repuesto el régimen democrático, es una de las novedades del gobierno de turno en materia securitaria.

En enero, el Tribunal Superior Justicia (TSJ) de la CABA habilitó a la Policía Metropolitana a detener a ciudadanos en la vía pública por averiguación de antecedentes. A su vez, el protocolo “anti-piquete”, establece la posibilidad de actuación de las fuerzas de seguridad del Ministerio encabezado por Patricia Bullrich, sin necesidad de orden judicial y permitiendo la utilización de armas letales. En el mismo sentido, esta nueva derogación tiene implicaciones graves en materia de control civil sobre las Fuerzas Armadas (FFAA) ya que le quita al Ministerio de Defensa la potestad de tomar definiciones en materia de ascensos, traslados, designaciones y premios, devolviéndoselas nuevamente a las FFAA.  

Desde hace 6 meses acudimos a una constante implementación de políticas destinadas a centralizar el poder y control en mano de sectores que, a pesar de los avances de los últimos años, han sido partícipes de los hechos históricos más sangrientos de nuestra historia. La devolución del control, gestión y administración a las FFAA no solo merece la atención de la sociedad en su conjunto, sino también, la necesidad de hacer visible un reclamo en favor de que con esta “recuperación” de facultades, se afecta gravemente el ejercicio democrático de la sociedad civil.

Esta situación se agrava con los discursos de los medios de comunicación hegemónicos, que han puesto el énfasis en la agilidad administrativa que el nuevo decreto traería y se han escudado bajo el discurso del “maltrato sufrido por las fuerzas”, pronunciado en más de una oportunidad por nuestro presidente, para justificar la autonomía militar, heredada de la última dictadura cívico militar en nuestro país. Una autonomía que permitió en su momento atentar contra el régimen democrático implantando el terrorismo de estado.

En el mismo sentido, el reclamo de los medios de comunicación para la “aplicación del protocolo anti-piquetes”, -aún sabiendo que el mismo no ha sido reglamentado- a las protestas y manifestaciones sociales generadas por la propia crisis detentada por el gobierno de turno, es un gesto que, en su contra cara, esconde e invisibiliza la cuestión del “autogobierno” de las fuerzas de seguridad y que continúa profundizando la derogación del decreto en las Fuerzas Armadas.

Desde el Observatorio de Violencia Institucional de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, además del repudio de la derogación correspondiente, queremos reclamar y denunciar el accionar tácito de los medios de comunicación cómplices - ayer y hoy- de estas prácticas que atentan contra los derechos humanos de la sociedad argentina.

De facultades y atribuciones de las fuerzas de seguridad. Sobre el fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que se dio a conocer el 6 de enero de 2016, en la Ciudad de Buenos Aires, interpreta de forma controversial las facultades de la fuerza de seguridad porteña, habilitando la detención de los ciudadanos en la vía pública para pedirles su identificación y así averiguar sus antecedentes. Esta nueva normativa desconoce lo dispuesto por la CIDH desde el caso de Walter Bulacio en 1991, momento en que se reconocieron las garantías de derecho ante la privación ilegítima de la libertad sin motivo aparente.  Asimismo, el fallo del TSJ, desecha la Ley Lázara (23.950) que modificó el Decreto de Ley 333/58, que rige el accionar policial y regula las detenciones por averiguación de identidad.

¿Qué significa este fallo?

Desde el Área de comunicación, inseguridad y control social y el Observatorio de violencia institucional de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, vemos a diario de qué manera los medios hegemónicos construyen un universo de sentido que refuerza ciertos estereotipos que, luego, son legitimados por el Poder Judicial en connivencia con las fuerzas de seguridad.

Creemos que el hecho de que una fuerza de seguridad pueda detener “sin motivo aparente” a cualquier persona descansa sobre una idea de “prevención” que obedece a un paradigma de (in)seguridad que tiene- y construye- como enemigo, en casi todos los casos, a los sectores populares y a la juventud. Esta idea se profundiza a diario bajo ciertos pilares estigmatizantes que, a modo de cliché, las empresas de comunicación producen (y reproducen), fortaleciendo el sentido social que es legitimado por las estructuras de poder y en ellas mismas. Es a partir de este imaginario colectivo -donde los pibes jóvenes de los barrios populares son los responsables de toda inseguridad- que se van creando las condiciones para la violencia estatal llevada a cabo por las fuerzas de seguridad.

Las detenciones arbitrarias como técnica de disciplinamiento y gestión de los sectores populares no son nuevas. Distintas organizaciones político-sociales, periodistas y académicos venimos denunciando estas prácticas desde hace años. Ahora, con este nuevo fallo del TSJ, se le brinda legitimidad al uso de la fuerza estatal sobre determinados sectores, donde hay reiterados casos en los que el atropello no termina con la detención, sino que continúa al interior de cada patrullero, de cada comisaría: golpes, torturas, hacinamiento, amenazas. Los casos de Ismael Sosa, Luciano Arruga, Lucas Cabello, Roberto Autero, Miguel Bru y tantos otros son la prueba irrefutable de esas prácticas, vicios y costumbres de las fuerzas de seguridad.

El problema de la discrecionalidad policial no es una cuestión coyuntural aislada, sino una práctica funcional de los sistemas policiales que, a su vez, responden a determinados modos de gobernar y ejercer la fuerza pública. Por lo tanto, este fallo no puede ser entendido sin ponerlo en relación con la declarada “emergencia en seguridad” que, mediante la construcción del problema de la inseguridad como un tema urgente y que debe ser solucionado inmediatamente, habilita la intervención violenta de las fuerzas de seguridad, vista como la opción más relevante.

En contexto

Es preciso señalar que este fallo, que enmarca la actividad policial en la tradición más autoritaria de nuestro país, se da en un contexto institucional muy sensible. En efecto, el momento actual se ve signado por el “traspaso institucional” de la Policía Federal Argentina (PFA) a la órbita del gobierno porteño.

Acudimos a instancias absolutamente significativas en lo que respecta a definir el contenido político que la función policial cumplirá en el nuevo escenario. Incluso, el fallo configura un marco de interpretación para la actividad policial que resulta regresivo. Hace ya casi 20 años la autonomía porteña comenzaba a construirse, y una de las principales piezas de esa construcción fue la derogación de los edictos policiales. No fue una transformación simple, al contrario, demandó el trabajo incansable de una multiplicidad de organismos y militantes por los derechos humanos. La autonomía nació poniendo en discusión las facultades policiales, reclamando su encuadre democrático a partir de la construcción democrática de normas (el código contravencional), pero también confiando un papel significativo al poder judicial en el control de la legalidad de su accionar.

Hoy sigue siendo igual de imperioso mantener la discusión sobre la definición de las facultades policiales: tanto de las fuerzas nacionales y provinciales como de las municipales. Cabe señalar que las leyes que rigen a las policías son de dictaduras militares y no han sido modificadas. Hoy, cuando la consolidación de la autonomía se hace cuerpo en la conseguida “policía propia”, resulta ineludible asumir que la función policial es una función de gobierno que no se agota en una definición técnico-legal. Debe ser comprendida en el marco de un programa de gobierno que le da una dimensión política.

Nuestra posición

Por todo lo mencionado en este documento, desde el Área de comunicación,  inseguridad y control social de la Carrera de Comunicación de la UBA manifestamos nuestro mayor repudio y preocupación con respecto a las últimas actualizaciones del flamante gobierno en materia de seguridad, con medidas que, lejos de mostrar un avance en materia de garantía de derecho ciudadano, generan un retroceso cultural e institucional significativo.

Con esto último, nos proponemos no dejar de lado el contexto en que el fallo del TSJ se suscita: en sólo un mes del nuevo gobierno acudimos a la mayor ola de persecución político-ideológica desde la vuelta de la democracia. Con miles de trabajadores estatales despedidos y reprimidos por las fuerzas de seguridad, intentando atacar o limitar la protesta social mediante proyectos de ley, instalando al aparato de seguridad como la única solución posible ante conflictos sociales.

Tal como afirman organismos de DDHH como el CELS, y otras organizaciones sociales, adherimos a la idea de que las políticas de mano dura no solucionan el problema de la (in)seguridad, sino que sólo contribuyen a incrementar la violencia sobre los sectores más vulnerables de la población. La demagogia punitiva legitima la marginación social sin solucionar el problema de raíz. Queda claro, de esta forma, que lo que se intenta a través de este fallo no es terminar con el “problema de la inseguridad“ sino ejercer un mayor control sobre la sociedad civil.

Área de Comunicación, (In)seguridad y Control Social de la Carrera de Comunicación (FSOC-UBA) Stella Martini, Mercedes Calzado, Horacio Cecchi, Mariana Galvani, Alina Ríos, Rosario Sanchez, Lucía Cañaveral, Rocío Baquero; y Observatorio de Violencia Institucional: Lorena Lizama, Candelaria Villarreal, Santiago Mazzuchini, Marianela Nappi, María Cecilia Suárez.

Ismael Sosa: sin alcohol y sin drogas. La responsabilidad de la policía cordobesa.

Por Candelaria Hernandez Villarreal*

A poco de que se cumpla un año de la muerte de Ismael Sosa, se conoció el resultado del examen toxicológico de su cuerpo. En la foto al pie, se ve que el examen dio negativo tanto por alcohol como por drogas, sobre los restos del pibe que apareció flotando en el Embalse Río Tercero de Córdoba en enero del 2015, después de un recital de La Renga al que había ido -o había tenido la intención de ir- con su novia y amigos.

Ayer, la mamá de Ismael, Nancy Sosa, difundió por redes sociales estos resultados, denunciando una vez más la responsabilidad policial en la desaparición y posterior muerte de su hijo. En reiteradas oportunidades, la fuerza cordobesa de Río Tercero intentó instalar la idea de que el joven de 23 años se había ahogado –luego de estar desaparecido 5 días en una provincia que no conocía-; que estaba alcoholizado o drogado; que había enfrentado a la policía en el ingreso al recital; que se había negado a pasar el cacheo habitual en el aeródromo donde se realizaba la presentación de La Renga. Así se lo hicieron saber a Facundo Sosa, hermano de Ismael, cuando viajó a buscarlo y cuando quiso denunciar la desaparición. También a Nancy, cuando la morgue cordobesa tardó 6 meses en entregarle el cuerpo de su hijo. Una vez más, cuando la misma policía –señalada por la familia Sosa como principal responsable- presentó "testigos" que afirmaron haber visto al joven borracho o drogado, "como perdido".

Como es habitual cuando se trata de desapariciones de pibes jóvenes, que no responden a ciertos estereotipos de juventud, el posicionamiento mediático contribuyó a generar una imagen sesgada de Ismael, que se amparó sólo en las versiones policiales. En este sentido, la cobertura que se hizo de la desaparición fue recién un día antes de que aparezca muerto –ya llevaba 4 días sin dar señales de vida- y con titulares que rezaban que Ismael se había “ahogado”, acompañados por fotos de él con envases de cerveza.

En este caso, no sólo la justicia cordobesa no investigó a la policía como pedía la familia, sino que también los medios acompañaron las versiones de la fuerza, poniendo en duda “lo que Ismael había hecho”. Una suerte de “algo habrá hecho” aggiornado a la policía local, conocida por su fuerza y descarga contra los sectores populares y la juventud. Ningún medio de comunicación hizo mención de los testigos que dijeron haber visto como la policía le pegaba a Ismael y lo subía a un camión de gendarmería.

Entonces, ¿quiénes son estos testigos que dijeron haberlo visto borracho o drogado, "como perdido"? ¿Qué responsabilidad le cabe a la policía de Río Tercero, encargada de la seguridad del recital y la zona? Como añadidura, ¿qué rastros presentaba el cuerpo de Ismael? Porque a la familia no se lo dejaron ver ni fue entregado el resultado completo de la autopsia, mientras que el fiscal de la causa sólo tardó un día en decir que el cuerpo no presentaba ningún tipo de rastros traumáticos o de golpes.

Como denunció Nancy Sosa, este tardío resultado evidencia más que nunca la complicidad policial cuando se trata de casos de violencia contra pibes, de clases populares y que no responden a los parámetros que la fuerza intenta establecer sobre ellos. A veces porque no roban para la fuerza, otras porque son contestatarios, otras por portación de cara, otras porque no les gusta su actitud.

Esta vez, otra vez, la cordobesa no colaboró con el esclarecimiento del caso, el tratamiento hacia la familia de Ismael fue hostil y sesgado por tratarse de gente del conurbano bonaerense. Además, se ocultaron pruebas y hasta el mismo cuerpo del chico estuvo "secuestrado" en la morgue. Y ayer, también, cuando Nancy comenzó a difundir la foto del examen de sustancias, cuando denunció por enésima vez que a su hijo lo mató la "maldita policía", ningún medio provincial o nacional, ningún portal digital, se hizo eco de estas manifestaciones. La complicidad, entonces, no es sólo de una fuerza de seguridad viciada de violencia contra los pibes y pibas; el ocultamiento y el nulo tratamiento mediático también responde a ella y vuelve a generar violencia contra Ismael y toda su familia.

Basta de violencia policial contra los más jóvenes.

Basta de castigar a los pibes de barrios populares.

NI UN PIBE MENOS

JUSTICIA PARA ISMAEL SOSA

* Integrante del Observatorio de Violencia Institucional y estudiante de Cs. de la Comunicación (UBA)

Lucas Cabello: "Quiero que el policía que le hizo esto esté preso y no trabaje más"

Por Candelaria Hernandez Villareal
Se realizó la conferencia de prensa por Lucas Cabello, quien este lunes fue baleado tres veces por un agente de la policía Metropolitana del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

La convocatoria reunió a los abogados de la familia Nahuel Berguier y Gabriela Carpineti, ambos integrantes de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, al diputado nacional Leonardo Grosso, legisladores comprometidos contra la Violencia Institucional y a familiares de víctimas de la violencia institucional como Myriam Medina, Gustavo Melman y Eugenia Vázquez.

También estuvo presente la mamá de Lucas, Carolina Vila, quien negó cualquier tipo de situación relacionada con un caso de violencia de género. "Pido Justicia y que mi hijo pueda estar bien. Es muy injusto lo que le pasó. Quiero que el policía que le hizo esto esté preso y no trabaje más”, señaló. La abogada Carpineti reconoció que la consigna policial estaba asentada en la puerta de la casa de Lucas por un conflicto de violencia intravecinal que se tramita en la Fiscalía Contravencional y de Faltas 35, por amenazas. En tanto, refirió que hablar de un caso de violencia de género es muy peligroso “porque esconde que él era merecedor de esas balas”.

Por su parte, Berguier confirmó que luego del hecho la policía no dejó entrar a la familia de Lucas a la casa para buscar sus documentos; por esto exigió que se retiren los agentes de la puerta del hogar. “La misma fuerza que baleó a Lucas está custodiando  la casa”. Además, aclaró que desde la querella se pedirá que el policía sea procesado con prisión preventiva y exonerado de la fuerza.

En ese sentido, Gustavo Melmann, padre de Natalia Melmann –asesinada en 2001-, pidió por el cambio en esta política de seguridad, “porque eso de ejecutar a una persona en el suelo es aplicar la pena de muerte”. Asimismo, Miriam Medina –madre de Sebastián Bordon- se mostró visiblemente preocupada por los dichos de la gobernadora electa María Eugenia Vidal, que lo único que hacen es ensuciar la dignidad de Lucas intentando instalar la versión de que él es el culpable. En esa línea, el abogado Nahuel Berguier se diferenció de los dichos de Vidal: “es cínico que pretenda vincular los hechos” responsabilizando a Cabello por la actitud del agente metropolitano.

Para cerrar, todos concluyeron en que el Estado tiene que cuidar a los jóvenes, no matarlos. “Nos duele la vida de nuestros hijos, no queremos más una policía represora”, en palabras de Miriam Medina. La investigación por las heridas graves que sufrió Lucas recayó en el Juzgado de Instrucción 35, a cargo del juez Osvaldo Rappa. Ayer la fiscal de La Boca autorizó la intervención de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) que presentará hoy las pruebas recolectadas en estos días. En tanto, la familia y los testigos presenciales declararon ante los especialistas en violencia policial de este organismo.

17 jóvenes fueron detenidos en una razzia policial

Son hinchas del Club Aberastain y fueron detenidos sin motivo explícito luego de un partido. Uno de ellos, Lucas Carrizo, estuvo 5 días en la comisaría, después de que ocho uniformados de la Policía de San Juan ingresaran violentamente a su casa. Las “explicaciones” del comisario Juan Guzmán.

La tarde del 17 de agosto, oficiales de la Policía de San Juan detuvieron a 17 chicos. El elemento que une las detenciones es que todos los jóvenes vestían la camiseta del Club Aberastain, cuyo equipo de fútbol acababa de terminar de jugar un partido que tuvo algunos incidentes en la cancha.
Según testimonios, los jugadores de los equipos fueron quienes estuvieron involucrados en la pelea.

El caso de Lucas Carrizo fue bastante particular ya que ocho uniformados ingresaron armados y a los gritos a la casa del joven de 18 años y se lo llevaron detenido en un operativo violento, un allanamiento ilegal y enfrente de su familia, incluso su hermana y sobrinos menores de edad. Los oficiales trasladaron a Carrizo a la comisaría N° 7 de Pocito, San Juan en donde pasó 5 terribles días.

En comunicación con Radio Comunitaria La Lechuza, recién salido de la comisaría, Lucas Carrizo contó que el allanamiento fue realizado luego de que lo pararan a él y a un amigo en la calle, los tiraran al piso y los revisaran sin encontrar nada. Luego de esto, los chicos corrieron a sus casas por el miedo y los policías persiguieron a Lucas. “Entraron 8 policías a mi casa a las patadas”, contó Carrizo que luego de gritos y llantos de su familia, salió de su cuarto y la policía se lo llevó a la rastra. Adentro de la comisaría los 5 días no fueron mejores. “Fue muy fuerte ver como maltrataban a mis amigos en el calabozo”, señaló Lucas quien describió: “me pegaron con la mano abierta y con rodillazos en lugares en donde no se me van a hacer moretones”. Por su parte, el Comisario Juan Guzmán de la Comisaría N° 7 justifica las detenciones considerando que los oficiales detuvieron “a las personas que consideraron que se relacionaban con insultos a los policías y con daños a un comando”. Guzmán agregó que fueron los oficiales del comando radioeléctrico los que expusieron que “los detenidos fueron identificados como agresores de efectivos”. El abogado de Lucas Carrizo, Dr. Ariel López agregó que “hay una predisposición de la comisaría 7ma para que estas injusticias sucedan”. Además resaltó que quienes “entraron a la casa y detuvieron a Lucas fueron del comando radioeléctrico. No hay ninguna justificación para privar ilegalmente de la libertad a un inocente”.

Este hecho no es otra cosa que un acontecimiento más en el marco de la oleada de violencia institucional que se propaga en el departamento de Pocito y en toda la provincia de San Juan hace ya más de dos años. No es detalle menor que las denuncias por arrestos injustificados y los reclamos por las razias policiales se extienden en el departamento hace tiempo. Estos hechos están relacionados con los ocurridos en 2013, cuando la policía detuvo a más de una decena de chicos a la vista de su familia, sin justificación alguna, algunos menores de edad a quienes mantuvo incomunicados, encerrados y que además sufrieron de golpes y baños de agua fría. Las prácticas que se observan en la provincia no sólo indignan si no que obligan a organizarse en torno a la creciente violencia institucional que se ejerce por parte de las fuerzas de seguridad. En julio de 2015 apareció “ahorcado” Mauricio Atencio en una celda de la Seccional 3ra de Trinidad de San Juan, un lugar teóricamente dispuesto para que no ocurran este tipo de hechos. El 21 de junio de 2015, un oficial le decía a una víctima de violencia de género: “no es mi responsabilidad la mala vida que vos llevaste”, y luego detenía por 4 horas a la periodista que acompañaba a la víctima. Algunos reflejos de la escalada de violencia institucional que se tapa, cuesta que se muestre y que crece en la provincia de San Juan.

Producción: Malena Ambas, periodista de Radio Comunitaria La Lechuza de San Juan
Fuente: FARCO

Escuchá la entrevista completa al Comisario Juan Guzmán de la Comisaría N° 7 http://agencia.farco.org.ar/noticias/una-razzia-policial-dejo-mas-de-17-jovenes-detenidos/

El Observatorio de Violencia Institucional coordinó un taller sobre periodismo y violencia institucional

           

En  el marco del Congreso Latinoamericano de Comunicación organizado en la Facultad de Ciencias Sociales, el Observatorio de Violencia Institucional llevó a cabo un taller sobre violencia institucional y medios de comunicación, al que asistieron más de 60 personas.

Pasadas las 15.30 se dio inicio a la actividad, presentada y coordinada por miembros del Observatorio que forma parte del área de (In)seguridad y Comunicación, de la Carrera de Comunicación, donde se realizó una presentación de un resumen y repaso sobre algunas conceptualizaciones y datos que dicho espacio intenta abordar. Luego de esto, Horacio Cecchi, periodista de Página 12 y coordinador de la Agencia de Noticias de la carrera, comenzó su exposición a partir del análisis de un cable de Télam sobre un caso de violencia institucional sucedido en Formosa en el año 2013, que fue cubierto por medios como Crónica, Clarín y Página 12.

La propuesta de Cecchi estuvo vinculada al análisis y debate acerca de las fuentes utilizadas por los medios de comunicación al propiciar la cobertura periodística de casos sobre el ejercicio de la violencia a cargo de las instituciones del Estado, como sucede con el accionar de la policía. Durante la exposición y argumentación sobre las falencias de la cobertura mediática sobre estos casos, Cecchi expuso “El cronista, al reproducir un cable, termina siendo el mensajero, dándose cuenta o sin darse cuenta, de un mensaje de las fuentes policiales y fuentes penitenciarias y son naturalizadas y habitualmente, generadoras de la naturalización de la Violencia Institucional”.

Luego de la exposición del periodista, fue el turno de Luis Lozano, docente de la Carrera, miembro del Ministerio Público Fiscal y especialista en tratamiento de casos de índole judicial, que propuso una explicación detallada del procedimiento punitivo que forma parte de la problemática sobre violencia institucional: “Muchas veces nos encontramos con víctimas y victimarios que forman parte del circuito judicial y ni siquiera comprenden qué ocurre”, argumentó.

Lozano explicó de qué manera funciona el procedimiento y de qué forma el mismo se articula con las agencias institucionales – estatales correspondientes al ejercicio de la violencia y vulneración de derechos de la sociedad civil: “La policía actúa por su propia definición de institución, de lógicas de control territorial y social y le lleva de “lo que hizo” a las autoridades judiciales y estos, en muchos casos, actúan como escribanos de la policía, dándole legalidad y legitimidad a aquello que en su origen, no lo tiene”, comentó como parte de la exposición de los temas abordados.

Para finalizar, se hicieron presentes algunos miembros de la Campaña Contra la Violencia Institucional y militantes del Movimiento Evita del Barrio Mitre que explicaron su experiencia sobre cobertura de casos de Violencia Institucional a partir del proyecto editorial “La Casita”; revista de contenido barrial que aborda temas y problemáticas de dicha índole contadas y elaboradas por los propios habitantes del barrio de Saavedra.

Taller de Periodismo y Violencia Institucional - Miércoles 19/8, 15.30hs