lunes, 6 de junio de 2016

A propósito del decreto 721/2016: autonomía y poder político a las fuerzas armadas

La nueva derogación del decreto 721/84, sancionado por el ex presidente Raúl Alfonsín un año después de repuesto el régimen democrático, es una de las novedades del gobierno de turno en materia securitaria.

En enero, el Tribunal Superior Justicia (TSJ) de la CABA habilitó a la Policía Metropolitana a detener a ciudadanos en la vía pública por averiguación de antecedentes. A su vez, el protocolo “anti-piquete”, establece la posibilidad de actuación de las fuerzas de seguridad del Ministerio encabezado por Patricia Bullrich, sin necesidad de orden judicial y permitiendo la utilización de armas letales. En el mismo sentido, esta nueva derogación tiene implicaciones graves en materia de control civil sobre las Fuerzas Armadas (FFAA) ya que le quita al Ministerio de Defensa la potestad de tomar definiciones en materia de ascensos, traslados, designaciones y premios, devolviéndoselas nuevamente a las FFAA.  

Desde hace 6 meses acudimos a una constante implementación de políticas destinadas a centralizar el poder y control en mano de sectores que, a pesar de los avances de los últimos años, han sido partícipes de los hechos históricos más sangrientos de nuestra historia. La devolución del control, gestión y administración a las FFAA no solo merece la atención de la sociedad en su conjunto, sino también, la necesidad de hacer visible un reclamo en favor de que con esta “recuperación” de facultades, se afecta gravemente el ejercicio democrático de la sociedad civil.

Esta situación se agrava con los discursos de los medios de comunicación hegemónicos, que han puesto el énfasis en la agilidad administrativa que el nuevo decreto traería y se han escudado bajo el discurso del “maltrato sufrido por las fuerzas”, pronunciado en más de una oportunidad por nuestro presidente, para justificar la autonomía militar, heredada de la última dictadura cívico militar en nuestro país. Una autonomía que permitió en su momento atentar contra el régimen democrático implantando el terrorismo de estado.

En el mismo sentido, el reclamo de los medios de comunicación para la “aplicación del protocolo anti-piquetes”, -aún sabiendo que el mismo no ha sido reglamentado- a las protestas y manifestaciones sociales generadas por la propia crisis detentada por el gobierno de turno, es un gesto que, en su contra cara, esconde e invisibiliza la cuestión del “autogobierno” de las fuerzas de seguridad y que continúa profundizando la derogación del decreto en las Fuerzas Armadas.

Desde el Observatorio de Violencia Institucional de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, además del repudio de la derogación correspondiente, queremos reclamar y denunciar el accionar tácito de los medios de comunicación cómplices - ayer y hoy- de estas prácticas que atentan contra los derechos humanos de la sociedad argentina.

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